Diputados aprueban reordenamiento del transporte público

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Con el voto 34 diputados de las fracciones del PAN, PRI, PVEM y 12 en contra, los legisladores veracruzanos aprobaron en lo general y lo particular el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte y reforma y adiciona disposiciones del Código de Derechos.

Dicho dictamen proviene de la iniciativa enviada por el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares y turnada a comisiones el 21 de febrero, misma que fue modificada para quitarle la obligatoriedad a los concesionarios de otorgar descuentos del 50 % a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 3 años, esto debido al rechazo que generó en el sector.

Con las mencionadas disposiciones se hará un reordenamiento del transporte público por haberse incrementado el número de vehículos que prestan este servicio en sus tres modalidades, ya que se otorgaron concesiones sin analizar que el posible concesionario tuviera las calidades técnicas para su desempeño, ni se analizaron rutas de transporte urbano, lo que congestiona las vías de comunicación de la Entidad, afecta a la calidad del transporte y a los propios concesionarios, pues genera competencia desleal.

La ley advierte que la seguridad pública de los veracruzanos también se vio afectada, pues muchas concesiones han caído en manos de la delincuencia organizada, ya que se ha detectado la participación de algunas unidades prestadoras del servicio en la comisión de hechos ilícitos, lo que hace necesario mejorar el control de los registros de concesionarios y conductores.

La ley propone establecer la obligatoriedad de los concesionarios de inscribir en el Registro Estatal de Conductores a los operarios de los vehículos autorizados para la prestación del servicio, a la vez que unos y otros, en cualquiera de las modalidades y submodalidades previstas en la Ley, realicen el pago de combustible mediante tarjeta de prepago en las estaciones de servicio legalmente establecidas, a fin de inhibir la compraventa de combustible de dudosa procedencia.

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